Como ya es conocido por todos, los ciudadanos estamos convocados el 20 de noviembre a unas elecciones generales. Si siempre éste es un momento importante, en esta ocasión, teniendo en cuenta la situación económica y social crítica en que nos encontramos, adquiere una significación especial.
> (Ver Nota de los obispos españoles ante las elecciones generales de 2011)
Los cristianos debemos ejercer «el derecho al voto con libertad y responsabilidad», como nos recuerda la Instrucción pastoral de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española “Los Católicos en la vida pública“ en su número 122, instrucción que indica en el 118 el sentido del voto: «el motivo determinante al emitir el voto consiste en elegir aquellos partidos y aquellas personas que ofrezcan más garantías de favorecer realmente el bien común considerado en toda su integridad».
Concreta más: en el bien común hay que considerar las necesidades de la mayoría de la población, especialmente de los más necesitados, antes que los mismos derechos particulares de los grupos más privilegiados» (nº. 120).
Dicho de otro modo, los criterios de decisión no pueden ser mis intereses (personales, familiares, corporativos), ni las simpatías partidistas ni ideológicas, ni las estrategias propias del juego del ejercicio del poder. «Tenemos que ejercer este derecho con la máxima responsabilidad moral» (nº. 123), valorando las diferentes propuestas programáticas ayudados por los criterios que nos facilita la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y teniendo muy presentes las necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos.
Este año, precisamente, estamos celebrando el aniversario de dos Encíclicas transcendentes en la configuración de la DSI: los cincuenta años de “Mater e magistra” de Juan XXIII y los treinta de “Laborem Exercens” de Juan Pablo II. Nos recuerdan estos documentos del magisterio social dos principios fundamentales que hemos de tener presentes a la hora de decidir nuestro voto. El primero, la sagrada dignidad de la persona: no puede haber ninguna otra consideración (económica, política y/o social) que justifique cualquier ataque a esa dignidad o posponerla para un futuro. En segundo lugar, la centralidad del trabajo como expresión de esa dignidad, por ser aquel -el trabajo- realizado por un ser humano. ¿Cómo es tratada la persona y el trabajo en los diferentes programas políticos?, ¿las propuestas concretas apuntan a un desarrollo de la persona en todas sus dimensiones y la dignificación del trabajo?, ¿ favorece el acceso a un trabajo digno a todos los ciudadanos?, ¿permite la integración social de aquellas personas y colectivos que más dificultades tienen? … son algunas de las preguntas que hemos de hacernos.
Obviamente, ante una convocatoria electoral, también hemos de tener presente lo que podríamos denominar el realismo político. No existe ni puede existir una fuerza política que exprese en su programa toda la riqueza de la DSI y, mucho menos, la traducción en propuestas operativas de la fuerza del Evangelio. Más claro: no hay partidos católicos. Por tanto, no podemos buscar la proposición política perfecta. Hemos de decidir aquella que, en conciencia, entendamos que más pueda acercarnos a un modelo de sociedad y de convivencia que se aproxime mejor a la concepción que emana de nuestra fe. De ahí que pueda existir una pluralidad de voto de los cristianos. Recordamos, lo importante es «ejercer este derecho con la máxima responsabilidad moral, teniendo en cuenta el conjunto de bienes materiales, morales y espirituales que constituyen el bien común de nuestra sociedad» (Los católicos en la vida pública, nº 123).