22-4-2013 - El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha firmado sendos convenios de colaboración con el Delegado y Director de Cáritas Valladolid, Jesús García Gallo, y con la Presienta de la Asamblea Local de Cruz Roja, Marta Varas Aragón, para ayudar a las personas y familia de la provincia que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado.

El convenio desarrolla el acuerdo alcanzado el pasado 22 de enero por todos los grupos políticos de la Diputación y ratificado en el pleno ordinario del día 25 de ese mismo mes por el que la institución provincial decidió destinar hasta 100.000 euros para ayudar a paliar las situaciones de desahucio causadas por la crisis a familias de municipios de menos de 20.000 habitantes de nuestra provincia. Esta cantidad se divide a partes iguales entre Cáritas y Cruz Roja.

Como ha recordado el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, “vivimos un momento crítico, en el que la crisis económica y social está desarmando a muchas familias, una situación ante la que no vale quedarse quieto”. Es por ello que la Diputación de Valladolid lleva a cabo una serie de actuaciones que, “como ha ocurrido en los últimos 200 años, se desarrollan para defender los derechos de los que más los necesitan, las personas con problemas que viven en nuestro mundo rural”.

Jesús Julio Carnero recordado las distintas líneas de actuación que desarrolla la Institución para ayudar a las personas y a las familias en riesgo de exclusión social, y que se pueden concretar en seis puntos. En primer lugar, las ayudas de emergencia, que en el presupuesto de 2013 se han incrementado en más del 125%, “pasando de los 57.532 euros de 2012 a 130.000 euros en el presente ejercicio, a los que hay que unir otros 30.000 euros para cubrir las necesidades familiares de alimentación infantil”.

En segundo lugar, la Diputación colabora a través de los 13 CEAS de la provincia en la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. En tercer lugar, la institución provincial se adhirió recientemente al Fondo Social de Viviendas promovido por el Gobierno de España. En cuarto lugar, desarrolla convenios con el Secretariado Gitano, con el ayuntamiento de Peñafiel para evitar la discriminación de minorías étnicas y para la puesta en marcha de un albergue de indomiciliados en Mayorga. En quinto lugar, hay una participación activa de la Diputación de Valladolid en el Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Y en sexto lugar, este convenio para ayudar al alquiler de viviendas sociales a las personas o familias en situación de desahucio.

Tras reiterar el compromiso contra la exclusión social que la Diputación de Valladolid lleva ejerciendo en sus 200 años de vida, Jesús Julio Carnero ha incidido en que toda esta labor se lleva a cabo de una manera coordinada con otras administraciones. En este sentido, ha recordado que “la semana pasada la Junta de Castilla y León ha constituido la Red de Protección de las familias afectadas por la crisis, y en ella va a estar la Diputación de Valladolid, como siempre, defendiendo los derechos de las personas que más lo necesitan y que peor lo están pasando en nuestro mundo rural”.

CONTENIDO DE LOS CONVENIOS

Los convenios suscritos hoy con Cáritas y Cruz Roja permiten desarrollar un programa flexible y ágil para la concesión de ayudas al alquiler a personas y familias en situación de desahucio, que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia del impago de las cuotas establecidas en un préstamo hipotecario o en un contrato de alquiler.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas individuales o unidades familiares que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado, y que estén empadronadas en un municipio de la provincia de Valladolid con menos de 20.000 habitantes. No obstante, en función de las circunstancias concurrentes, podrá obviarse este requisito. La vivienda a ocupar en alquiler debe ubicarse en un municipio de la provincia de Valladolid, excluida la capital.

Además, deben concurrir otra serie de requisitos como ser deudor de buena fe, que el desalojo de su vivienda habitual se haya producido a partir del 1/enero/ 2008, y que dicha vivienda estuviera ubicada en un municipio de la provincia de Valladolid. Por último, debe existir un documento judicial (sentencia o auto), o un documento jurídico de análoga eficacia ejecutiva, que haya obligado al desalojo. Por último, para poder acceder a las ayudas se establece un máximo de ingresos mensuales de la unidad familiar que varía en función del número de sus miembros.

En función de las circunstancias concurrentes, se podrán conceder dos tipos de ayudas: el 100% del precio del alquiler por un periodo de hasta 6 meses, o bien, el 50% del precio del alquiler para un periodo de hasta 12 meses. Excepcionalmente, se podrán ampliar las ayudas hasta 3 y hasta 6 meses, respectivamente. El importe mensual a abonar será el del coste del alquiler y, en todo caso, un máximo de 400 €/mes.