La UE calcula que la corrupción le cuesta a su economía 120 000 millones de euros. Grecia, Italia y España son los países en los que para los ciudadanos el problema es mayor.

“La corrupción daña gravemente la economía y la sociedad en general. […] Los estados miembros de la Unión Europea no son inmunes a esta realidad”, comienza diciendo el primer Informe sobre la lucha contra la corrupción publicado el 3 de febrero por la Comisión Europea. El estudio desgrana, país por país, las medidas anticorrupción que se han tomado y su eficacia.

Tres cuartas partes de los europeos consideran que la corrupción está muy extendida en sus países y más de la mitad considera que en los últimos tres años ha aumentado. El dato oscila entre la práctica totalidad de los griegos (99%), italianos (97%) o españoles (95%) que consideran que “la corrupción está muy extendida en su país de origen”; y el 75% de los daneses, que, junto al 64% de finlandeses o el 54% de los suecos, piensan que es algo “excepcional” en los suyos.

Sin embargo, solo el 2% de los españoles y el 4% de los europeos admite que el año pasado se les pidió el pago de un soborno. Y el 8% afirma haber sido testigo directo de un caso de corrupción. Respecto a las empresas, el 43% de las que operan en la Unión Europea consideran que la corrupción es un problema.

El informe reconoce que España ha hecho progresos para atajar este mal endémico, pero siguen siendo necesarias más medidas de vigilancia y control. La Comisión pide "proseguir las reformas en curso y garantizar la aplicación efectiva de las nuevas normas sobre la financiación de los partidos políticos" así como "reforzar los mecanismos de control" sobre las administraciones autonómicas, provinciales y locales, donde se producen la mayor parte de estos escándalos.

Entre las propuestas que hace el informe están las de mejorar los mecanismos de control en los procedimientos internos de las administraciones públicas, el fortalecimiento de las acciones penales para castigar la corrupción y la subsanación de las deficiencias, en algunos países, respecto a la financiación de los partidos políticos. El urbanismo, la construcción y la sanidad, así como la contratación pública y la gestión de las grandes empresas estatales, son los sectores que más de cerca hay que vigilar, según la Comisión.

[Artículo completo de la Agencia AFP]